Las distintas administraciones públicas tienen un papel fundamental, entre otros roles, como agentes compradores y contratistas. De hecho, lo juegan siempre ya sea por acción o por omisión.
Según el Observatorio de Contratación Pública, el peso de la contratación pública sobre el Producto Interno Bruto oscila alrededor del 20%, lo que supone unos 250.000 millones de euros [1]. Se trata, por lo tanto, de una cantidad de recursos con un alto potencial de impacto, en función de cuales sean los criterios bajo los que se distribuyen.
La disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público recoge los porcentajes mínimos de contratación reservada a las Empresas de Inserción tanto a nivel estatal, autonómico como local.
Sin embargo, como viene señalando FAEDEI, el primer reto es el cumplimiento de los mínimos establecidos en materia de compras y contrataciones públicas a Empresas de Inserción. Si bien, desde la entrada en vigor de dicha ley, en marzo de 2018, se han visto importantes avances en la aplicación de la contratación con criterios sociales y ambientales, queda un camino muy largo por recorrer para llegar a cumplir las cotas esperadas.
El informe publicado por FAEDEI “Estudio, Análisis y propuesta sobre los contratos reservados a Empresas de Inserción en España”[2] identifica las causas que subyacen a la débil implementación de los marcos legislativos.
Fruto de las conclusiones alcanzadas en el mencionado estudio, desde FAEDEI se han llevado a cabo multitud de acciones y proyectos. La última, tiene que ver con la publicación de una infografía dirigida tanto a la Administración Pública como a las Empresas de Inserción.
Este documento sintetiza de forma clara y concisa cómo impulsar los contratos reservados a Empresas de Inserción, así como cuáles son las diferentes opciones para que las Empresas de Inserción participen en los contratos públicos.
Desde FAEDEI vamos a seguir trabajando con la Administración Pública y las Empresas de Inserción con el fin de lograr el objetivo inserción socio-laboral de las personas en situación de riesgo y/o exclusión social.